La concejala Elena Mateo preguntará por la ejecución de la moción aprobada en junio por el derecho constitucional a la vivienda, que no se está cumpliendo
“El Ayuntamiento tiene que velar porque no haya familias en situación de vulnerabilidad económica que les lleve a una exclusión residencial”, señala la edil.
El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife llevará a la próxima Comisión de Control el protocolo antidesahucios de la capital. La concejala del PSOE Elena Mateo explica que su intención es preguntar por la ejecución de la moción por el derecho constitucional a la vivienda aprobada en junio, que tres meses después no se está cumpliendo.
La edil detalla que “parece que la práctica habitual del grupo de gobierno es no ejecutar las mociones que se aprueban a instancia de la oposición”. “Es algo que no se puede consentir, más en una cuestión tan sensible y necesaria como es el derecho a la vivienda”, añade. Precisamente este martes se ha conocido que una familia con tres dependientes será echada de su casa en una semana.
El PSOE considera que el Ayuntamiento no está haciendo todo lo posible para paralizar desahucios en el municipio. Elena Mateo recuerda que la última modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil insta a las administraciones a que cooperen y se pongan de acuerdo entre ellas para atender a todas las cuestiones relativas a este tipo de desahucios, algo que aparentemente no está pasando.
“El Ayuntamiento tiene que velar porque no haya familias en situación de vulnerabilidad económica que les lleva a una exclusión residencial”, señala la edil. Así, recalca que “la norma estipula que, sea cual sea la causa por la que alguien se encontrara en situación de ser echado de la vivienda, dicha situación ha de comunicarse a Servicios Sociales, ¿se está actuando ante dichas comunicaciones?”.
Mientras sigan produciéndose, el grupo de gobierno debe modificar el protocolo antidesahucios. Aunque considera positivo que el municipio cuente con esta herramienta desde hace años, siendo pionero, aclara que también debe adaptar éste a los tiempos que corren y a las necesidades que se presentan. “Ahora se han incrementado los desahucios derivados por impago de alquileres privados y desahucios en precario, cuestiones que no contemplaba inicialmente el protocolo”, comenta Elena Mateo.
La concejala plantea que no va solo de instar a otras administraciones, sino que en las competencias que tenga el Ayuntamiento también se mueva, estando también pendiente la creación de un registro municipal que incorpore datos sobre el parque de viviendas sociales disponibles para atender a personas o familias en riesgo de exclusión.