José Ángel Martín critica la postura del PP en cuanto al Patrimonio Histórico, “pretendiendo tirar inmuebles con valor arquitectónico e intentando proteger el monumento a Franco”
El PSOE pide que se intervenga en la zona, no solo rehabilitando edificios, sino trabajando también con las mujeres prostituidas para facilitarles una salida
El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife rechaza que la Gerencia Municipal de Urbanismo plantee nuevos derribos en la zona de Miraflores. A juicio del portavoz del PSOE en el consistorio capitalino, José Ángel Martín, “el valor arquitectónico de estos edificios es incuestionable y lo que debería hacer el equipo de gobierno es potenciar su rehabilitación y conservación”.
Martín critica la postura del PP en cuanto al Patrimonio Histórico. Para el portavoz socialista, “en Urbanismo, Carlos Tarife pretende tirar inmuebles con valor arquitectónico, mientras que su compañero José Carlos Acha, desde Cultura, intenta proteger el monumento a Franco”.
En ese sentido, José Ángel Martín se une a la petición de la Asociación Nuestro Patrimonio, que plantea que los actuales inmuebles se unan al proyecto arquitectónico previsto en la zona, al menos manteniendo las fachadas. El edil socialista critica “la actitud de los populares en cuanto al Patrimonio Histórico, ya que no hacen nada para protegerlo sino que se dedican a pleitear con el Cabildo porque esta administración sí hace su trabajo intentando evitar derribos”.
Los socialistas apoyan a la corporación insular en su defensa del Patrimonio Histórico. El portavoz del PSOE pide a la consejera insular, Josefa Mesa, que el Cabildo se convierta en protector de nuestro patrimonio.
Respecto a las necesidades de la zona, el PSOE pide una intervención integral en la zona. “No solo hace falta rehabilitar estos edificios, sino que hay que trabajar también con las mujeres prostituidas para facilitarles una salida”, comenta el edil. Así mismo recuerda que “el debate sobre actuaciones urbanísticas en Miraflores no puede hacerse obviando que en esos edificios hay mujeres que se ven abocadas a ejercer la prostitución y es una obligación de las administraciones públicas ofrecer alternativas y así evitar que una forma de violencia contra las mujeres se siga perpetuando”.