Jose Angel Martin PSOE Santa Cruz de Tenerife

José Ángel Martín teme que “un año después del fallo de la Audiencia Provincial no se ha pedido su ejecución provisional, algo imprescindible para defender los intereses municipales”.

El PSOE llevará a la Comisión de Control una comparecencia para analizar las acciones de la corporación para que Santa Cruz de Tenerife recupere el dinero y los terrenos.

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife cuestiona al gobierno qué ha hecho para garantizar el cumplimiento de la Sentencia de Las Teresitas. El portavoz del PSOE en el consistorio capitalino, José Ángel Martín, teme que “un año después del fallo de la Audiencia Provincial no se ha pedido su ejecución provisional, algo imprescindible para defender los intereses municipales”.

A finales de abril de 2017 la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife condenó a políticos, funcionarios y empresarios a penas que suman 33 años de prisión por “un plan urdido” que supuso un beneficio de más de 100 millones de euros a costa del Ayuntamiento. El Consistorio tiene derecho según la sentencia a recibir el dinero pagado con intereses y podría recuperar los terrenos del frente de playa.

Martín considera que “debería haberse solicitado la ejecución provisional de la sentencia o, en su caso, el Ayuntamiento tendrá que mostrar los informes en los que se basa la decisión de no solicitarla”. El PSOE llevará a la próxima Comisión de Control lo hecho por el grupo de gobierno en este año. “La ciudadanía tiene que ser informada del estado en el que se encuentra el recurso de casación ante el Tribunal Supremo y debe saberse quién es el letrado municipal que en estos momentos lleva el recurso y por qué se decidió confiar en él frente al equipo que defendió los intereses municipales ante la Audiencia Provincial”, incide.

Para el PSOE todavía no han quedado claras las razones por las que se decidió el cambio de defensa antes de la vista que debía plantear medidas cautelares. Además, el portavoz socialista plantea que “es imprescindible saber si se ha hecho alguna averiguación de la solvencia patrimonial de los condenados porque, de lo contrario, es absolutamente injustificable la inacción del Ayuntamiento en cuanto a fijar el dinero que le corresponde”.

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