Nota de prensa
El PSOE lamenta que diez días después no haya
una disculpa de CC con el Caso Las Teresitas
José Ángel Martín recuerda que “hay tres concejales en el
grupo de gobierno que votaron la compraventa ilegal”.
El PSOE de Santa Cruz de Tenerife lamenta que diez días después de
la sentencia del Caso Las Teresitas CC no se haya disculpado porque
algunos de sus principales dirigentes prevaricasen y malversasen más
de 50 millones de las arcas del Ayuntamiento. El Grupo Municipal
Socialista volverá a pedir al pleno la más absoluta repulsa contra la
corrupción.
El portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Ángel Martín,
recuerda que “el alcalde rechazó una moción de urgencia sobre este
asunto en el pleno de abril, celebrado apenas 24 horas después de
que se conociese la sentencia”. “Aunque me apena, no me extraña
que pasen de puntillas sobre el mayor caso de corrupción de
Canarias, ya que tres concejales del actual grupo de gobierno votaron
a favor de esta compraventa ilegal”, añade.
Así, Martín insiste que “tanto los nacionalistas Dámaso Arteaga y José
Alberto Díaz-Estébanez, como el popular José Carlos Acha formaban
parte del equipo de Zerolo”. En esa línea, explica que “incluso Díaz-
Estébanez y Arteaga aparecen en la sentencia, en el primer caso
como el teniente de alcalde que tuvo que transferir el dinero para
pagar esta ilegalidad”. También en ese periodo formaron parte de la
lista de Miguel Zerolo políticos a los que CC mantiene en importantes
cargos, como la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias,
Rosa Dávila, o el viceconsejero de Empleo y Emprendeduría, Emilio
Atiénzar.
El líder de los socialistas cree que, “como mínimo, los dirigentes de
Coalición deberían reconocer que se han equivocado, pero ni siquiera
han tenido la dignidad de pedir disculpas a la ciudadanía”. Además de
la moción urgente presentada para el pleno y que no fue admitida, el
PSOE solicitó el pasado martes la adopción de medidas para
recuperar los más de 100 millones de euros a los el Ayuntamiento
que tiene derecho como indemnización.
“Hay varias líneas en las que actuar”, aclara Martín, que detalla que
se ha pedido “la actuación inmediata del Ayuntamiento requiriendo la
ejecución provisional de la mencionada sentencia”. Además de la
indemnización, que según el artículo 989 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal se pueden reclamar aunque la sentencia no sea todavía
firme, se solicita ejecutar todas las medidas cautelares posibles para
bloquear el patrimonio de los condenados y evitar el alzamiento de
bienes.
Por último, el Grupo Municipal Socialista insiste en que el gobierno
aparte de sus responsabilidades actuales a cualquier funcionario que
hubiese resultado condenado en este caso y que siga prestando sus
servicios en este Ayuntamiento.